Agárrame el paquete – y otras medidas desesperadas

El Presidente Ollanta Humala y el ministro de Economía Luis Miguel Castilla.

«Entrar en una discusión política sobre las medidas (en momentos en que se requiere un consenso general para destrabar las inversiones) implicaría una pérdida de tiempo y la puesta en riesgo del crecimiento económico del país.»

Alfonso García Miró, presidente de Confiep.

Mañana miércoles el Congreso debatirá las medidas que el Poder Ejecutivo le ha enviado para reactivar la economía.  Se trata básicamente de tres ejes: uno tributario, uno ambiental y uno laboral; todos dirigidos a ayudar a dinamizar y a destrabar las inversiones (míralo completo y en detalle aquí).

–El capítulo tributario elimina la capitalización de los intereses moratorios de las deudas con el Estado. Esta fórmula tenía como objetivo que pagarle al Estado sea prioritario, mucho antes que pagarle al vecino, a Ripley, a Metro o incluso al banco. Deberle al Estado era caro y seguir debiéndole resultaba más caro aún. Eso se acaba.

Además, el paquete de medidas se baja de un plumazo -dice- unos S/.20.000 millones en deudas que ya estaban calificadas de incobrables de todos modos. O sea, se condonan deudas a la que el Estado ya les habían echado tierra. Todos esos que dicen que se institucionaliza, premia o incentiva el perro muerto para con el Estado, no han leído la norma o tienen serios problemas de comprensión de lectura.

–En el frente ambiental la cosa es un poco más complicada. En síntesis, se recortan las facultades del ministerio del Ambiente y algunos de los temas sobre los que tenía jurisdicción se trasladan al Consejo de Ministros. Ouch, Manuelito.

También se limitan por tres años las multas por infracciones ambientales (con algunas limitaciones) y se recortan los plazos para que la burocracia responda «sí o no». En la práctica y llevado al extremo, se está buscando aplicar una suerte de silencio administrativo positivo: si la instancia adecuada no da luz verde en el plazo determinado, se asume autorización como concedida lo cual desnaturaliza por completo la razón de ser de un Estudio de Impacto Ambiental. Incluso se avanzará con las concesiones en áreas protegidas. O sea, adiós consulta previa, brother.

Eso, entre otras perlas aplaudidas por los de siempre que ven en cualquier cuidado, exigencia o regulación una traba insolente e innecesaria a la inversión. Si quieres saber más lee aquí.

En resumidas cuentas, equivale a suspender la legislación en ciertos temas ambientales porque no nos podemos dar el lujo de ser consecuentes y previsores y responsables con el medio ambiente ni la sostenibilidad cuando las cuentas no nos dan. O sea, el mensaje es «por plata se hace lo que sea».

-El tema laboral es un poco más sencillo: el ministerio de Trabajo estaba en medio de un proceso de inspectorías para sacarle la madre a todos los que no cumplían con las regulaciones de trabajo. Por ejemplo, sancionar a las empresas que tienen personal que trabaja jornadas completas como si fuera dependiente, con horario y jefe y que sin embargo cobra y tiene la protección social de un locador de servicios (o sea, casi ninguna) y pasa un recibo por honorarios. (Tip: eso no solo es contrario a la ética, es ilegal)

A los infractores les va a ir como a los que infrinjan las normas ambientales: las multas tendrán un tope del 35% de lo que dice la ley por un período determinado.

Adicionalmente hay una serie de medidas destinadas a impulsar los emprendimientos y a las mypes en particular con asuntos como productividad y financiamiento (a través del sistema financiero o el mercado de valores).

En el MEF juran y perjuran que esto permitirá añadir entre 1.5 y 3 puntos el crecimiento del PBI en los próximos tres años. ¿Será cierto eso? Quizás, porque, en promedio, las medidas de política fiscal tienen un efecto gradual y diferido que va más o menos desde los seis hasta los 18 meses.

¿Por qué no se hizo antes si la desaceleración -que ahora todos dicen que previeron, menos yo– ya se veía venir?

Sucede que la economía tiene un componente psicológico y de expectativas tremendo (por eso se miden todo el tiempo). Implementar un paquete de medidas para evitar que el tren se frene cuando nadie piensa que el tren se va a frenar equivale, precisamente, a frenar al tren. Los actores económicos se asustan: «si todo anda bien, ¿por qué las medidas? Algo malo se viene, mejor voy con más cautela», dicen no sin cierta lógica y absolutamente conscientes de la naturaleza de profecía autocumplida de sus decisiones. Entonces dejan de invertir o modulan el tamaño y ritmo de sus inversiones y también le bajan el ritmo o ponen en stand by sus proyectos.

Eso fue lo que pasó cuando en el 2008 el presidente Alan García y su entonce ministro, Luis Valdivieso, anunciaron las medidas para mitigar el impacto de la crisis internacional: la inversión privada se frenó en seco. En el 2012 volvió a suceder, con mucho menos dramatismo, es cierto, cuando el Presidente Humala habló del año de las vacas flacas y su ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, comentó medio en broma y medio en serio que le prendía velitas a China para que no se desacelere.

La Confiep, por supuesto y como cabría esperar, ha saludado las medidas instando al Congreso a aprobar el paquete pero incidiendo en que estas disposiciones se quedan cortas.

¿Qué pasó con todo el compromiso con los trabajadores, las reglas de juego, la institucionalidad y el medio ambiente? Pues, como decíamos, son lujos que el país no puede permitirse cuando las vacas están flacas o están por flaquear. Todo esto, sin embargo, sino es torpeza o estupidez, es falta de escrúpulos.

Los empresarios de Confiep, que suelen insistir enfáticamente en que las reglas de juego deben mantenerse, son los primeros en aplaudir que estas se modifquen si tales cambios los benefician porque su interés también es -o está alineado con- el interés del país.

Pero miremos un poquito más allá. La desaceleración que está experimentando el Perú no se debe a que hayamos estado haciendo mal las cosas, y menos -puntualmente- en este gobierno (lo que no se hizo desde hace 20 años nos pasa la factura hoy, como ha sido siempre); sino que el debilitamiento es parte del fin del super ciclo económico que duró 20 años (cuando típicamente duran 10) y estamos teniendo problemas para crecer porque las condiciones externas que nos favorecieron y que le permitieron a los gobiernos de García y Toledo surfear la ola económica global sin mayor esfuerzo, están cambiando.

Entonces, cabe preguntarse, ¿si flexibilizamos las condiciones para la inversión, llegará más inversión? Tiene sentido a priori y probablemente suceda de manera limitada. Después de todo, cuando el flujo de inversiones es enorme, incluso las grandes trabas son costeables; en cambio, cuando el flujo es pequeño, hasta la dificultad más pequeña parece demasiado grande. Sin embargo, es seguro que sin importar cuántos obstáculos eliminemos, no habrá una crecida del río si en las montañas ya no llueve.

Por eso es que parece más una coartada, una palanca con la que torcer el brazo del Ejecutivo para que algunos puedan mejorar sus rendimientos: «la economía se desacelera, este es el momento de flexibilizar las normas para que la inversión continúe». Tal escenario, el de una pareja presidencial desconcertada que se aferra a la primera soga que le alcanzan, es perfectamente imaginable.

Entonces, sino hay ninguna garantía de que las cosas habrán de mejorar con las medidas planteadas y que serán discutidas por el Congreso la próxima semana, ¿cuánto de nuestro futuro y de nuestras reformas institucionales estamos hipotecando por una promesa que no habrá de cumplirse y que solo le hará la vida más fácil a algunos pocos? ¿Vale la pena el costo de oportunidad?

Esperemos que el ministro Castilla haya medido bien el impacto y que, antes de irse, no nos deje con un muerto que después nadie va a querer cargar.